La noche del 29 de diciembre de 1936, en las cercanías del pequeño pueblo de Poyales del Hoyo (Avila), los partidarios del general Franco asesinaron a tres mujeres: Virtudes de la Puente Pérez, Pilar Espinosa Carrasco y a la embarazada Valeriana Granada. Después, sus cuerpos fueron lanzados a una fosa común en el cementerio de la localidad, donde permanecieron abandonados y sin identificar durante décadas. Mientras tanto, los responsables vagaron libremente y, según se dice, uno de ellos disfrutó de tal impunidad que los vecinos le apodaron «501» por el número de víctimas que alardeaba haber matado. A comienzos de noviembre de 2002, décadas después de ser aprobada la Constitución democrática de 1978, algunos familiares de las víctimas y algunos vecinos, lograron exhumar los restos y darles un enterramiento digno. Según las informaciones periodísticas, la alcaldesa conservadora de Poyales del Hoyo en 2002, Damiana González Vadillo, era sobrina de «501» y trató de impedir que los cuerpos fuesen enterrados en el cementerio, alegando que éste carecía de espacio suficiente para los mismos. Entre la primavera y el verano de 2011 se sucedió otro episodio en esta historia: el 22 de mayo, un nuevo alcalde conservador, Antonio Cerro, asumió el cargo. Ese mismo día, unos desconocidos profanaron la placa conmemorativa erigida en el lugar en el que los franquistas habían asesinado a las tres mujeres. Unas semanas después, el 30 de julio de 2011, el alcalde ordenó la retirada de los restos de los nichos donde habían sido depositados y dispuso que fuesen devueltos a la fosa común. Su medida provocó la respuesta de algunos vecinos y, a comienzos de agosto, estallaron protestas y enfrentamientos en el pueblo. La situación llegó a un punto crítico cuando un grupo de familiares de las víctimas y de personas afines al movimiento para la recuperación de la memoria histórica comenzaron a protestar, llevando una pancarta con la siguiente leyenda: «Somos los nietos de los obreros que no p
