La gestión de emergencias y la prevención y mitigación de catástrofes constituyen un desafío para las sociedades y los poderes públicos. Situaciones como la erupción volcánica de la isla de La Palma, en Canarias;la pandemia de coronavirus o las recientes inundaciones en la provincia de Valencia han causado estragos en la población, sobre todo en aquella más vulnerable. Cabe mencionar una circunstancia distinta, el apagón eléctrico en la península ibérica que tuvo lugar el 28 de abril de 2025, que desencadenó diferentes situaciones de emergencia. También la evacuación de poblaciones ante incendios ya sea en edificios y poblaciones o ante los cada vez más virulentos fuegos forestales. Las personas con discapacidad se cuentan entre las más expuestas ante situaciones de emergencia, debido a barreras físicas, sensoriales, de comunicación, entre otras, así como, con frecuencia, carencias por parte de organismos responsables a la hora de conocer e incluir sus requerimientos. Desde el Comité de Representantes de las Personas con Discapacidad (CERMI), se hace valer que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, asentada en el modelo de derechos humanos, establece un marco jurídico cuyo centro lo ocupan los derechos y libertades básicas de las personas con discapacidad. Dentro de ese tratado internacional, a las personas con discapacidad está dedicado un artículo autónomo que crea obligaciones específicas aplicables en situaciones de emergencias y desastres naturales. El artículo 11 de la Convención citada impone a los Estados parte, como es España, garantizar la protección y seguridad de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo derivadas de desastres naturales, conflictos armados y otras crisis humanitarias. Las personas con discapacidad están entre las más desproporcionadament e afectadas en cualquier situación de desastre o conflicto, y las situaciones de emergencia resultan en un aumento del número de personas que adquir
